Distinciones entre el concurso voluntario y el concurso necesario.
El concurso de acreedores es un mecanismo previsto en la legislación española para abordar la insolvencia de una persona física o jurídica. Su objetivo principal es gestionar la situación económica de un deudor que no puede cumplir con sus obligaciones de pago, mediante la intervención de los tribunales. La Ley Concursal, específicamente el Real Decreto Legislativo 1/2020, establece las disposiciones para llevar a cabo este proceso. Este puede ser solicitado por el propio deudor (concurso voluntario) o por sus acreedores (concurso necesario). En este artículo, se analizan las diferencias fundamentales entre ambos tipos de procedimientos concursales.
El concurso de acreedores: Definición y objetivos
Cuando una persona o empresa no puede hacer frente a sus deudas y obligaciones financieras, el concurso de acreedores se convierte en la herramienta jurídica para ordenar su situación. Este proceso tiene dos finalidades principales: por un lado, maximizar la satisfacción de los acreedores a través de la liquidación o reestructuración de los bienes del deudor, y por otro lado, intentar evitar la quiebra completa del mismo, posibilitando su continuidad empresarial bajo ciertas condiciones.
El concurso de acreedores puede iniciarse cuando se produce una insolvencia actual, es decir, cuando el deudor no puede cumplir con sus compromisos de manera generalizada. La Ley Concursal establece los criterios para determinar la insolvencia, tanto en su modalidad actual como inminente, permitiendo así la solicitud de concurso antes de que el deudor se vea completamente incapaz de hacer frente a sus pagos.
Pruebas de insolvencia según la Ley Concursal
La legislación concursal establece una serie de supuestos que evidencian la situación de insolvencia, recogidos en el artículo 2.4 de la Ley Concursal. Estos incluyen:
- Una declaración judicial o administrativa de insolvencia que sea firme.
- Títulos de ejecución o apremio sin resultado, debido a la falta de bienes suficientes para cubrir las deudas.
- La existencia de embargos que afecten de manera sustancial al patrimonio del deudor.
- Suspensión generalizada de pagos, ya sea de obligaciones corrientes, impuestos, cuotas de la seguridad social o salarios de empleados.
Cuando cualquiera de estas situaciones se da, el deudor o los acreedores pueden solicitar la apertura de un concurso de acreedores.
Concurso voluntario: solicitud y gestión
El concurso voluntario es aquel que se inicia a instancia del propio deudor. Este tiene la obligación legal de solicitarlo cuando tenga conocimiento de que su situación de insolvencia es actual. El plazo para presentar la solicitud es de dos meses desde que el deudor detecta la insolvencia. Si bien el deudor está obligado a actuar en caso de insolvencia actual, en situaciones de insolvencia inminente (aquella que se prevé pero aún no ha sucedido), el deudor tiene la opción, pero no la obligación, de solicitar la apertura del concurso.
Para iniciar el concurso voluntario, el deudor debe acompañar su solicitud de una serie de documentos esenciales, tales como:
- Un inventario detallado de sus bienes y derechos.
- La relación de acreedores y el importe de las deudas.
- Una memoria explicativa de su situación económica y jurídica, así como de las causas que le han llevado a la insolvencia.
Ventajas del concurso voluntario
Una de las principales ventajas del concurso voluntario es que el deudor mantiene sus facultades de administración y disposición de los bienes, aunque estas quedan supervisadas por la administración concursal. Esto le permite gestionar su empresa, lo que puede ser clave para intentar reestructurar las deudas y continuar la actividad económica.
Además, el concurso voluntario suele ser más favorable para el deudor, ya que permite la negociación de quitas y esperas, facilitando la reducción de las deudas o su aplazamiento. Al ser el deudor quien solicita la apertura del procedimiento, el proceso tiende a ser más ordenado y controlado.
El concurso necesario: iniciativa de los acreedores
El concurso necesario se inicia a instancia de los acreedores, socios u otros responsables que acrediten la existencia de créditos pendientes frente al deudor. También se considera concurso necesario cuando en los tres meses anteriores, otro acreedor haya presentado una solicitud de concurso, incluso si ha desistido posteriormente de la misma.
El acreedor que insta el concurso debe acompañar la solicitud con la documentación que acredite la deuda, así como con pruebas de la insolvencia del deudor. Además, es posible que el acreedor solicite al juez la adopción de medidas cautelares para proteger el patrimonio del deudor, como el embargo de bienes, con el fin de evitar que el deudor pueda perjudicar a los acreedores mediante la disposición de sus activos.
Efectos sobre el deudor en el concurso necesario
Una de las principales diferencias entre el concurso voluntario y el necesario es que, en este último, el deudor pierde la facultad de administrar y disponer de su patrimonio. Es la administración concursal la que se encarga de gestionar todos los bienes y derechos del deudor. Este control se establece con el fin de proteger los intereses de los acreedores y asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera ordenada.
Además, si el deudor no ha cumplido con su obligación de solicitar el concurso en los plazos establecidos por la ley, el concurso necesario puede derivar en una calificación de concurso culpable, lo que implica que el deudor podría ser declarado responsable de la insolvencia y de las deudas, lo que conlleva consecuencias graves, como la posible extensión de la responsabilidad patrimonial a su esfera personal.
Reformas recientes en la Ley Concursal
En los últimos años, se han producido modificaciones importantes en la normativa concursal en España, orientadas a modernizar y agilizar los procedimientos. La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, introdujo varios cambios significativos:
- Se crearon los Planes de Reestructuración, que permiten a las empresas que prevén dificultades financieras reestructurar sus deudas de forma preventiva, sin necesidad de entrar en concurso de acreedores.
- Se implementaron procedimientos más simples y rápidos para microempresas, facilitando la resolución de la insolvencia mediante mecanismos telemáticos.
- Se mejoró el procedimiento de segunda oportunidad, posibilitando la exoneración de deudas a las personas físicas que no puedan hacer frente a sus obligaciones, incentivando así la reactivación económica.
Posteriormente, en 2023, el Real Decreto-ley 5/2023 introdujo un nuevo régimen de modificaciones estructurales para sociedades mercantiles, adaptando la legislación española a las directrices de la Unión Europea. Este régimen protege a los acreedores en caso de fusiones o escisiones transfronterizas, permitiéndoles formular observaciones y acceder a garantías adecuadas para proteger sus derechos.
Conclusión
El concurso voluntario y el concurso necesario presentan diferencias que afectan tanto a los derechos del deudor como de los acreedores. El concurso voluntario permite al deudor mantener el control de su negocio y facilitar una reorganización ordenada, mientras que el concurso necesario, instado por los acreedores, implica la pérdida de control sobre los bienes del deudor y puede resultar en sanciones más severas.